Las víctimas del caso Teatre llevan su lucha al Constitucional contra el “escudo” judicial del Ayuntamiento de Murcia
En España, donde los expedientes administrativos suelen dormir en los cajones y los sellos oficiales se convierten en talismanes de impunidad, las víctimas del caso Teatre han decidido dar un paso más. No buscan venganza, sino justicia. Y la buscan en el último peldaño del sistema: el Tribunal Constitucional. Su objetivo es derribar lo que llaman el “escudo judicial” del Ayuntamiento de Murcia, ese muro de resoluciones, autos y tecnicismos que, según denuncian, ha blindado a los responsables políticos y técnicos de un desastre anunciado.
El incendio que cambió para siempre la noche murciana
La madrugada del 1 de octubre de 2023, un fuego devoró las discotecas Teatre y Fonda Milagros en el complejo de Atalayas. Trece jóvenes perdieron la vida. Trece familias quedaron marcadas por la tragedia. Desde entonces, los padres de las víctimas han repetido una misma pregunta: ¿cómo pudieron seguir funcionando locales sin licencia de apertura, sin salidas de emergencia y con informes técnicos que advertían de su peligrosidad?
El dolor se transformó en indignación cuando la Audiencia Provincial de Murcia rechazó investigar la presunta prevaricación municipal. El Auto 836/2025, dictado por la Sección Segunda, cerraba la puerta a una investigación separada sobre las decisiones del Ayuntamiento. Los magistrados concluyeron que no existía “conexión” entre el incendio mortal y la posible irregularidad administrativa. Pero las familias no lo ven así. Alegan que los permisos, las inspecciones omitidas y las órdenes de cese ignoradas no son detalles burocráticos: son el corazón del problema.
Y aquí se revela algo más profundo: la importancia de las licencias de actividad, de las declaraciones responsables y de las licencias de obras como garantes de la seguridad pública. Porque cuando los sellos se convierten en mero trámite, la burocracia se transforma en tragedia. En este contexto, cada permiso, cada firma y cada inspección representan mucho más que un requisito urbanístico: son una línea que separa la vida de la muerte.
Por eso, comprender el valor de una licencia de apertura no es un asunto técnico, sino una cuestión de responsabilidad civil y moral. Los locales donde se concentra público deben cumplir estrictamente con las exigencias de seguridad, accesibilidad y evacuación que marca la ley. No hacerlo, como demostró el caso Teatre, tiene consecuencias irreversibles.
El silencio administrativo y las puertas cerradas
El relato judicial es, como diría Carlos Alsina, una mezcla de burocracia y tragedia. Las actas municipales advertían desde 2018 que aquellas discotecas eran una ratonera. No había puertas de emergencia, ni sistemas de bombeo contra incendios. Y, sin embargo, siguieron abiertas. Las rejas, los candados y las órdenes de cese ignoradas se convirtieron en los barrotes de una trampa mortal. Todo ello con el conocimiento, según denuncian las familias, de los Servicios Técnicos del consistorio murciano.
La Audiencia, sin embargo, insiste en que no hay vínculo procesal entre la negligencia administrativa y los homicidios imprudentes. “No hay conexión”, dicen los jueces. Pero las víctimas responden que esa desconexión judicial es, precisamente, el símbolo del problema: la desvinculación entre las normas y su cumplimiento.
En este punto, la reivindicación de los afectados se une a una necesidad urgente: reforzar la cultura de la legalidad en materia de aperturas y obras. Porque cuando un Ayuntamiento otorga —o tolera— actividades sin control, desatiende su obligación más básica: proteger la vida de sus ciudadanos. Y la ciudadanía, por su parte, debe exigir transparencia en las licencias de apertura concedidas, en cada expediente archivado y en cada informe ignorado.
El eco del fuego: denuncias, impunidad y desconfianza
Los familiares de las víctimas califican la decisión judicial de “incomprensible”. Reclaman que se investigue la cadena de omisiones que permitió que Teatre y Fonda Milagros siguieran operando sin licencia y con graves deficiencias de seguridad. Según los informes periciales, faltaban escaleras de evacuación, las salidas estaban bloqueadas y los sistemas de detección eran inexistentes. Todo ello en locales donde, paradójicamente, se permitía la entrada de cientos de personas cada fin de semana.
Para los padres, la justicia ha cerrado los ojos ante lo evidente. El Ayuntamiento, afirman, permitió durante una década la actividad irregular de Teatre mediante una instrucción técnica que, en la práctica, sorteaba los procedimientos legales. Un mecanismo que, según denuncian, facilitaba que negocios sin licencias pudieran seguir operando con simples instancias de legalización.
Esta interpretación de los hechos encaja con una verdad incómoda: cuando la administración se convierte en su propio juez, la legalidad se diluye. Por eso, entender el peso de una licencia o de una declaración responsable es fundamental. No es papel: es control, es prevención, es vida.
Prevaricación, silencio y responsabilidades políticas
Las familias no solo acusan al Ayuntamiento; también señalan a la Fiscalía y al propio Juzgado de Instrucción. Les reprochan haber actuado como un escudo institucional, más preocupado por evitar el descrédito político que por esclarecer los hechos. Hablan de “prevaricación”, de decisiones adoptadas para proteger a los responsables de permitir que aquellos locales siguieran abiertos. Y recuerdan que la funcionaria que declaró ante el juzgado lo hizo amparándose en un protocolo que, según ellos, no era ley, sino una invención administrativa para eludir órdenes de cierre.
El padre de una de las víctimas, Jairo, lo resume con palabras cargadas de desesperación: “El Ayuntamiento es el principal responsable. Durante diez años supieron que esas discotecas no tenían licencia y no hicieron nada”. Su denuncia no es solo judicial, sino moral. Señala a las instituciones por haber permitido que la negligencia se hiciera costumbre, que la excepción se volviera norma.
Casos como este recuerdan que las licencias no son un capricho burocrático, sino la prueba de que un local ha superado controles de seguridad, accesibilidad y prevención de incendios. Cuando se omiten, cuando se falsifican o se ignoran, el riesgo deja de ser una hipótesis para convertirse en tragedia. Como ocurrió en Atalayas. Y como ocurre en tantos otros municipios donde la negligencia urbanística tiene consecuencias humanas. De hecho, no es la primera vez que sancionan a discoteca por incumplir las normativas, demostrando que el problema es tan extendido como preocupante.
Camino al Constitucional: una batalla por la justicia y la dignidad
El nuevo paso de las familias será presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No solo buscan que se reabra la investigación, sino que se reconozca su derecho a la tutela judicial efectiva. Piden que el máximo tribunal determine si el Ayuntamiento y sus funcionarios incurrieron en responsabilidad por omisión, negligencia o prevaricación administrativa.
La lucha de los afectados se ha convertido en un símbolo de resistencia cívica frente al poder municipal. Una llamada de atención para todas las administraciones locales de España que gestionan, día a día, cientos de licencias de actividad y declaraciones responsables. Porque cuando un consistorio deja de fiscalizar, no solo vulnera la ley: traiciona la confianza de quienes confían en su protección.
Las familias no buscan dinero, ni protagonismo. Buscan que se reconozca una verdad evidente: que la tragedia pudo evitarse. Que hubo avisos, informes y decretos. Y que todos fueron ignorados. Esa es la raíz de su lucha. Y por eso seguirán adelante, más allá de autos y tribunales, hasta que alguien pronuncie la palabra que esperan: justicia.
Licencias y responsabilidad: una lección que no debe olvidarse
El caso Teatre deja una enseñanza que trasciende los juzgados. La prevención no empieza cuando suena la alarma, sino mucho antes, cuando se tramita una licencia, cuando se inspecciona una obra, cuando se valida una actividad. La importancia de las licencias de actividad, licencias de apertura y declaraciones responsables no es menor: son el esqueleto legal que sostiene la seguridad de cualquier establecimiento.
En tiempos donde la rapidez y la simplificación administrativa son la norma, conviene recordar que las licencias no son un obstáculo, sino un salvavidas. En ellas se materializa el compromiso de los ayuntamientos con la seguridad de sus ciudadanos. Ignorarlas, como demostró Murcia, es jugar con fuego. Literalmente.
Hoy, las víctimas del caso Teatre no solo piden justicia por sus hijos. Piden que la burocracia recupere su sentido original: proteger, garantizar y prevenir. Y que ningún local vuelva a abrir sus puertas sin cumplir cada punto de la ley, porque detrás de cada licencia, hay una vida que depende de ella.