Ecologistas en Acción alerta al alcalde de Morón por posibles irregularidades en la licencia de balsas de Aceitunas Guadalquivir

Ecologistas en Acción denuncia posibles irregularidades urbanísticas y ambientales en las balsas de Aceitunas Guadalquivir en Morón

La creciente controversia en torno a las nuevas balsas industriales promovidas por la empresa Aceitunas Guadalquivir en Morón de la Frontera ha provocado una fuerte reacción social, política y medioambiental. La organización Ecologistas en Acción ha alertado públicamente sobre posibles irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas y ambientales otorgadas por el Ayuntamiento de Morón, señalando directamente la actuación del alcalde y cuestionando la legalidad de todo el procedimiento administrativo.

El conflicto gira en torno a la construcción de unas balsas destinadas al almacenamiento y evaporación de aguas residuales industriales, una infraestructura que afecta a una extensa superficie agrícola protegida y que, según las denuncias presentadas, carecía inicialmente de la preceptiva Autorización Ambiental Unificada (AAU).

La situación ha generado un profundo malestar entre vecinos, colectivos sociales y organizaciones defensoras del medio ambiente, especialmente por el impacto sobre el olivar tradicional y el posible incumplimiento de la normativa urbanística y ambiental vigente en Andalucía.


Informe ambiental confirma ausencia de autorización para las balsas

El pasado 29 de abril, el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Sevilla de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitió un informe oficial en respuesta a las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción. El documento confirma que las balsas proyectadas por Aceitunas Guadalquivir no disponían de la necesaria Autorización Ambiental Unificada.

Según el informe, la empresa únicamente había presentado una solicitud administrativa ante la Junta de Andalucía durante mayo de 2025, reiterada posteriormente en julio del mismo año. Sin embargo, pese a no existir resolución favorable, las obras comenzaron igualmente. Este tipo de actuaciones urbanísticas vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con una correcta licencia de obra sevilla antes de iniciar cualquier intervención sobre terrenos protegidos.

Este hecho resulta especialmente grave debido a que las actuaciones afectaron a aproximadamente 45.000 metros cuadrados de olivar protegido, una superficie catalogada dentro del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de mantenimiento del uso de olivar.

La eliminación de este entorno agrícola ha provocado una fuerte indignación entre colectivos ecologistas y numerosos vecinos de Morón de la Frontera, quienes consideran que el daño ambiental podría resultar irreversible.


Paralización de las obras y dudas sobre la actuación municipal

Las denuncias realizadas tanto por el SEPRONA como por Ecologistas en Acción obligaron finalmente al Ayuntamiento a reaccionar. El 5 de agosto de 2025 el alcalde decretó la paralización de las obras.

Sin embargo, el decreto llegó después de que ya se hubieran realizado importantes movimientos de tierra y actuaciones sobre terrenos protegidos. Además, desde distintos sectores se critica que no se haya impuesto ninguna sanción económica a la empresa pese a la gravedad de las posibles infracciones detectadas. Las críticas se intensifican debido a que las obras se estaban ejecutando sin:

  • Licencia municipal válida.
  • Autorización ambiental autonómica.
  • Estudio de Impacto Ambiental.
  • Procedimiento urbanístico completo.

Para Ecologistas en Acción, la actuación municipal refleja un posible trato de favor hacia la empresa promotora. Casos como este evidencian la relevancia de gestionar correctamente las licencias de obras sevilla conforme a la legalidad urbanística y ambiental vigente.


Silencio administrativo y posible vulneración de la Ley 39/2015

Uno de los puntos más delicados del caso reside en la aplicación del denominado “silencio administrativo positivo”. Según denuncia Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento habría considerado válidas las simples solicitudes presentadas por la empresa ante la Junta de Andalucía.

No obstante, el propio informe del Servicio de Protección Ambiental descarta expresamente esta interpretación, citando el artículo 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicho artículo establece claramente que el silencio administrativo positivo no puede aplicarse cuando las actividades puedan generar daños medioambientales. Y por eso surge la pregunta: ¿Se puede empezar una obra sin licencia en Sevilla?

En este caso, el almacenamiento y evaporación de aguas residuales industriales, unido al impacto sobre suelos protegidos y olivar tradicional, convierten el proyecto en una actuación especialmente sensible desde el punto de vista ecológico. El informe técnico resulta contundente al afirmar que:

“No se atiende por ser inviable en este caso la consideración del efecto positivo del silencio administrativo”.

Esta afirmación debilita notablemente la legalidad de las decisiones adoptadas posteriormente por el Ayuntamiento.


Concesión de licencia de obras y acusaciones de prevaricación urbanística

A pesar de las advertencias jurídicas y ambientales existentes, el Ayuntamiento de Morón terminó concediendo licencia de obras el 10 de febrero de 2026.

La decisión ha elevado enormemente la tensión política y jurídica alrededor del caso. Ecologistas en Acción considera que esta autorización podría constituir un posible delito de prevaricación urbanística y ambiental, al haberse concedido presuntamente “a sabiendas” de los incumplimientos legales existentes.

La organización ecologista estudia trasladar toda la documentación a la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue los hechos. El principal argumento de la denuncia radica en que el Ayuntamiento habría autorizado una actuación incompatible con:

  • La normativa ambiental andaluza.
  • El planeamiento urbanístico municipal.
  • La protección del suelo rústico.
  • La obligación de evaluación ambiental previa.

Además, la licencia habría permitido continuar unas obras que, según las denuncias, ya habían causado daños irreparables sobre terrenos agrícolas protegidos.


Impacto ambiental sobre el olivar protegido de Morón

La destrucción de miles de metros cuadrados de olivar constituye uno de los aspectos más sensibles del conflicto. El olivar tradicional andaluz no solo posee un enorme valor económico, sino también ecológico, paisajístico y cultural. La eliminación de estos cultivos para implantar infraestructuras industriales genera importantes consecuencias:

Pérdida de biodiversidad

Los olivares tradicionales albergan aves, pequeños mamíferos, reptiles y especies vegetales adaptadas al ecosistema mediterráneo.

Alteración del paisaje rural

Morón de la Frontera mantiene una estrecha vinculación histórica con el paisaje olivarero. La transformación industrial de estos espacios supone una alteración visual y territorial significativa.

Riesgo de contaminación

Las balsas destinadas a aguas residuales industriales pueden implicar riesgos de filtraciones, olores y afecciones al suelo y acuíferos si no se diseñan bajo estrictos controles ambientales.

Precedente urbanístico peligroso

Ecologistas advierte que permitir este tipo de actuaciones en suelos especialmente protegidos puede abrir la puerta a futuras transformaciones similares.


Vecinos de Morón presentan alegaciones contra el proyecto

El rechazo social al proyecto también ha sido notable. Decenas de vecinos y vecinas presentaron alegaciones contra la construcción de las balsas, mostrando preocupación por el impacto ambiental y las posibles irregularidades administrativas. Entre las principales inquietudes vecinales destacan:

  • La pérdida de suelo agrícola protegido.
  • El deterioro paisajístico.
  • La posible contaminación ambiental.
  • El aumento de riesgos sanitarios y olores.
  • La falta de transparencia institucional.

La controversia ha convertido el asunto en uno de los debates urbanísticos y ambientales más relevantes actualmente en Morón de la Frontera.


Posible falsedad documental en la expedición de la licencia

Otro de los elementos más delicados denunciados por Ecologistas en Acción afecta a la propia expedición de la licencia municipal. La organización asegura haber detectado que el alcalde habría firmado manualmente una cartulina de expedición de licencia incluso antes de firmar oficialmente el decreto de otorgamiento.

Este hecho podría implicar, según las denuncias, un posible delito de falsedad documental o, al menos, reforzar la sospecha de trato preferente hacia la empresa promotora. De confirmarse judicialmente estas circunstancias, el caso podría adquirir una dimensión penal de enorme relevancia.


Ecologistas exige paralización inmediata y evaluación ambiental completa

Ante la gravedad de los hechos denunciados, Ecologistas en Acción exige:

  • La paralización inmediata de las obras.
  • La restauración ambiental de los terrenos afectados.
  • La realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo.
  • La evaluación de ubicaciones alternativas ya autorizadas.
  • El cumplimiento íntegro de la legalidad urbanística y ambiental.

La organización insiste en que existen otras posibles localizaciones para este tipo de infraestructuras que ya disponen de autorizaciones ambientales y que no implicarían la destrucción de olivar protegido.


El futuro del proyecto de Aceitunas Guadalquivir queda bajo máxima presión

La polémica en torno a las balsas industriales de Aceitunas Guadalquivir continúa creciendo mientras aumenta la presión social, jurídica y ambiental sobre el Ayuntamiento de Morón. El caso podría convertirse en un referente sobre los límites del urbanismo en suelo protegido y sobre la necesidad de reforzar los controles ambientales en Andalucía.

La intervención de la Fiscalía, la posible apertura de procedimientos judiciales y las futuras decisiones administrativas marcarán el futuro de un proyecto que ya ha provocado una enorme controversia pública.

Mientras tanto, vecinos, colectivos ecologistas y expertos urbanísticos mantienen la vigilancia sobre unas actuaciones que consideran incompatibles con la protección del territorio y el respeto a la legalidad vigente.